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Chats y pasaporte hallado en vivienda de Piero Corvetto sustentan pedido fiscal de impedimento de salida

Politica · 30 abr. 2026

Chats y pasaporte hallado en vivienda de Piero Corvetto sustentan pedido fiscal de impedimento de salida
Chats y pasaporte hallado en vivienda de Piero Corvetto sustentan pedido fiscal de impedimento de salida

El Ministerio Público solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros investigados, en el marco de las pesquisas por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de transporte de material electoral.

La investigación gira en torno a la contratación del “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional” para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos del proceso electoral 2026. De acuerdo con la tesis fiscal, dicho servicio habría sido adjudicado a Servicios Generales Galaga S.A.C. por más de S/6,3 millones.

El Ministerio Público investiga a Corvetto y a otros exfuncionarios por presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo. El requerimiento de impedimento de salida también alcanza a José Samamé, Juan Phang, Hilda Otoya, Lilia Flores, Williams García y el empresario Juan Charles Alvarado

Corvetto y otros investigados aceptaron el pedido fiscal de impedimento de salida.

Durante la audiencia de este jueves 30 de abril, el abogado Julio Arbizu informó que Corvetto se allanó al pedido de impedimento de salida del país. Otros investigados también aceptaron el requerimiento fiscal, mientras el Poder Judicial evalúa la medida solicitada por un plazo de 18 meses.

Corvetto y otros investigados aceptaron el pedido fiscal de impedimento de salida.

El caso abre cuestionamientos sobre los controles en contrataciones vinculadas al proceso electoral.

El caso vuelve a colocar bajo revisión los controles internos de la ONPE en procesos sensibles, especialmente aquellos vinculados a la logística electoral. Para la Fiscalía, las presuntas decisiones administrativas adoptadas en la contratación habrían favorecido a una empresa determinada; sin embargo, será el avance de la investigación el que determine responsabilidades concretas.

El caso abre cuestionamientos sobre los controles en contrataciones vinculadas al proceso electoral.

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